Publicado el lunes, 13 de agosto de 2001 en El Nuevo Herald

FRANK CALZON

¿Llevarán los turistas la democracia a Cuba?

Elpasado 26 de julio, aniversario del inicio de la revolución de Fidel Castro, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó no implementar de ahora en adelante la ley que prohíbe los viajes turísticos de los norteamericanos a Cuba. Jeff Flake, representante republicano por Arizona, presentó la medida. El congresista Lincoln Díaz-Balart (R-FL) declaró a El Nuevo Herald que su colega Flake le explicó que se interesó en el asunto ``a partir de una visita de cabildeo del disidente cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz''. Sánchez, a quien considero mi amigo, declaró en una nota de prensa distribuida por el Center for International Policy en Washington que ``el mantenimiento de las restricciones de los viajes a Cuba a quien favorece, en última instancia, es al régimen cubano''. Si así fuese, entonces ¿por qué el régimen de La Habana celebró inmediatamente el advenimiento de la nueva ley?

Castro permitió que Sánchez viajase a Miami para asistir a los funerales de su hijo. El Center for International Policy culpa a Washington de muchos de los problemas de Cuba, mientras ignora gran parte de la represión castrista.

El cabildeo de Sánchez es importante porque él vive en Cuba. Los cubanos en la isla que apoyan el mantenimiento del embargo (como elemento de presión a favor del respeto a los derechos humanos) viven bajo amenaza de cárcel.

Refresquemos la memoria. A partir de 1989, cuando el régimen enfrentó su peor crisis ante el fin de los subsidios soviéticos, Castro se vio obligado a permitir algunos ajustes en la economía. En medio de lo que se denominó ``el período especial'', a los cubanos se les permitió trabajar por cuenta propia, aunque con muchas restricciones, en oficios como carpintero, barbero, etc. También se les permitió abrir pequeños restaurantes caseros, los llamados ``paladares'', con un límite de doce asientos. La tenencia de dólares, delito punible con cárcel hasta ese momento, se legalizó.

Estas reformas se llevaron a cabo, única y exclusivamente, porque la sobrevivencia misma del régimen estaba en peligro. Cuando al gobierno le pareció que la situación mejoraba un poco, redobló la represión. De nuevo volvieron las detenciones y el acoso diarios a la disidencia; los cubanos volvieron a sufrir prisión por ``delitos'' tan graves como comprar un pollo en el campo; el número de ``cuentapropistas'' disminuyó en más de un treinta por ciento.

Aun así, Castro busca dólares desesperadamente, y favorece el levantamiento del embargo y la esperada inyección de millones de dólares que aportarán los turistas. Castro, que suspendió los pagos de la deuda del país en 1986, quiere préstamos del Banco Mundial.

Elizardo Sánchez, líder de una organización de derechos humanos en la isla, jugó un papel clave en la aprobación de la reciente ley. Sánchez tiene una seria responsabilidad en sus manos y bien pudiera usar su influencia para que al menos algunos políticos americanos tengan en cuenta lo siguiente:

Todos los negocios con Cuba son joint ventures --empresas mixtas-- entre el socio nacional, o sea, el régimen, y los inversionistas extranjeros. No se permite a los cubanos ser socios.

Castro recibe millones de dólares mediante el fraude laboral. A los inversionistas extranjeros no se les permite contratar a trabajadores por su cuenta. Es el régimen quien contrata. Las empresas extranjeras le pagan al régimen entre ocho y nueve mil dólares al año por cada obrero, y el régimen le paga al obrero un equivalente de $15 dólares mensuales, unos $180 al año.

En los hoteles segregados de Castro, los cubanos no pueden hospedarse, aunque tengan dólares con qué pagar, ni tampoco pueden entrar en los restaurantes, las playas o las clínicas para extranjeros.

Las ganancias del turismo no son como las remesas familiares que le llegan al cubano de a pie. Los ingresos por concepto de turismo van directamente a las arcas del régimen para fortalecer a la policía y enriquecer a las fuerzas armadas. Gaviota, la compañía oficial cubana para el turismo, es una entidad encubierta de las fuerzas armadas de Cuba.

Los cubanos necesitan un permiso de salida del régimen para viajar al extranjero. Al igual que en la antigua URSS, los cubanos también necesitan un permiso para poder mudarse de una ciudad a otra dentro del territorio nacional. Los cubanos que residen en el extranjero necesitan un permiso de Castro para visitar su país.

Castro confisca todas las propiedades --hasta efectos eléctricos y muebles-- de todo cubano que emigra. Los pasajes y todos los trámites de inmigración dentro de Cuba tiene que costearlos un familiar en el extranjero, en dólares.

Muchos apoyaron a Castro en un principio, seguros de que no había nada peor que la dictadura de Batista. Al triunfo de la revolución, confiaron en él. Pero la historia ha demostrado que se equivocaron. Esa candidez es responsable, en parte, de la tragedia cubana.

Las ideas tienen consecuencias. ¿Se equivocó Elizardo Sánchez al cabildear en la oficina del congresista Flake? ¿Tuvo en cuenta la correlación de fuerzas (de recursos) entre el régimen y la oposición dentro de la isla? ¿Arriesgarán los turistas su pellejo para defender la libertad? ¿Financiarán esos turistas con sus dólares el aumento de la represión?

Roguemos a Dios que me equivoque, y que mi amigo Elizardo Sánchez no tenga que arrepentirse de su cándido cabildeo. Mientras tanto, que vaya pensando cómo explicarles el asunto a los disidentes en la mirilla atroz del régimen.

Director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre.
© El Nuevo Herald

Email To: Lillian Martinez, Webmaster

Return To: A Site For a Free Cuba

Lillian Martinez, WebMaster


USA

Copyright ©: El Nuevo Herald All Rights Reserved
Created -- 8/132001
Revised --