Cuánto cuesta el acceso a la Internet. Depende. La respuesta no sólo tiene
que ver con mejores o peores infraestructuras tecnológicas, educación,
cultura, o posibilidades de comunicación. En algunos casos, muy pocos por cierto,
puede costar la vida misma
Así como he dicho: El acceso a la Internet puede costar la vida. Si lo duda
infórmese sobre la situación del periodista independiente cubano Guillermo
Fariñas en huelga de hambre y sed desde hace 11 días.
¿El motivo de su huelga? Simple, pero tan contradictoriamente complejo, como
todo lo que tiene que ver con la libertad y la dignidad de la persona humana:
Fariñas reclama su derecho a acceder a la Internet. A tener libre acceso a
la red de redes, el mismo derecho que la dictadura cubana le otorga a unos
cuantos privilegiados.Lo reclama para él y para el resto de la población cubana.
''Me pongo en manos del Señor... Y si Dios quiere, que el gobierno reflexione
y me instale el Internet como hace a sus privilegiados. Y si Dios quiere que
yo fallezca, falleceré. Seré un prócer y un mártir por la libre información
en el mundo'', declaro Fariñas el día que comenzó su huelga.
El viernes fue ingresado en el hospital provincial de Villa Clara donde le
suministran ahora sueros intravenosos, aunque mantiene su huelga.
Fariñas no está solo en su demanda. Desde el 3 de febrero la periodista
independiente Noelia Pedraza Jiménez, del Movimiento Feminista Martha Abreu, se
declaró también en huelga de hambre en solidaridad con Fariñas.
Para el ciudadano promedio de cualquier pais democrático -incluso para
algunos no tan democráticos-, con mayor o menor grado de pobreza, la actitud de
estos periodistas independientes cubanos, pudiera parecer increíble. Y es que,
claro, cuando usted ejercita un derecho tan elemental como pulsar unas teclas
en una computadora, ya sea en la intimidad de su hogar, o en cualquier lugar
público, para conectarse a la Internet, ese ejercicio cotidiano se convierte
en una rutina normal.
A ese ciudadano promedio del mundo globalizado le cuesta trabajo pensar que
la dictadura castrista limita ese derecho; que el acceso a la Internet sea un
privilegio sólo para algunos; y todavía más, que esos mismos que disfrutan de
esa posibilidad estén bajo el escrutinio directo de la policía política, que
monitorea las lineas telefónicas para investigar cuáles sitios de la red
visita el usuario (¿le suena ''familiar'' el asunto?), y decidir si está
haciendo uso del Internet dentro de los requisitos por los cuales le fue
''concedido'' como privilegio, ese derecho.
Como en toda dictadura que se precie de no serlo, no se trata de una
violación arbitraria. ¡De ninguna manera, no faltaba más!. Es una violación
perfectamente ''legalizada'' mediante la Resolución 180/2003 que se puso en vigor el
10 de enero del 2004. A partir de esa resolución los técnicos de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) (una empresa mixta en la que
participa la firma Telecom Italia) están facultados ''para detectar e impedir el
acceso a Internet'' de aquellos usuarios que no estén debidamente autorizados.
Contra esa resolución se pronunciaron en su momento varias instituciones
internacinales, entre ellas, La Federación Internacional de Instituciones y
Asociaciones Bibliotecarias (IFLA, por sus siglas en ingles), Amnistía
Internacional y media docena mas de organismos similares.
El pretexto enarbolado desde entonces por la dictadura cubana es que Cuba,
bloqueada por el imperialismo norteamericano, no tiene suficientes recursos
para pagar el acceso a los servidores internacionales de la Internet. Y esos
pocos recursos, alega el régimen, los destina a las instituciones académicas,
científicas, educacionales y a los medios de comunicación.
Cuando en octubre de 1996 Cuba ingresó a la Internet, la cancillería
castrista publicó un comunicado celebrando el acontecimiento que ``convertía en
realidad un viejo sueño: Tener acceso a ese patrimonio internacional de
conocimientos, utilizado por 36 millones de personas en 160 naciones''.
La verdad es que desde entonces la principal preocupación del aparato
ideológico de la dictadura ha sido controlar la información que fluye por la red de
redes. Ello incluye la utilización de filtros especiales para bloquear el
acceso a determinados sitios internacionales de noticias y muy en particular a
las páginas de la oposición democrática cubana.
De los 11,241,000 habitantes con que cuenta la isla, apenas 120,000 tenían
acceso a la internet, de acuerdo con las cifras disponibles más recientes. A
pesar de las restricciones oficiales los cubanos se las ingenian para penetrar
en la red y romper el bloqueo interno de la dictadura castrista.
La ''llave'' para entrar al Internet la guarda celosamente el CENIAI (Centro
de Intercambio de Información Automatizada), que es el proveedor oficial para
Cuba de Internet. Como dijo en una ocasión su director, Jesús Martínez: ``El
problema de la Internet en Cuba no ha sido nunca tecnológico o económico.
Como en cualquier país, es 70 por ciento político''.
Ignoro a que países se refería este funcionario ni en qué tipos de problemas
políticos pensaba. De lo que sí estoy convencido es que el reclamo de Fariñas
y Pedraza es un reclamo político muy claro: El derecho a la libertad de
información, consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, de la cual Cuba es signataria y que en su artículo 19 establece:
``Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión''.
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